Prueba ilícita prueba ilegal

Prueba ilícita prueba ilegal gy nelcysandoual nexa6pp 02, 2010 4C pagcs Proceso No 26836 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL Magistrado Ponente JAVIER ZAPATA ORTIZ Aprobado Acta No. 191 Bogotá D. C. , primero (1) de julio de dos mil nueve (2009). VISTOS Decide la Sala el r interpuesto por el de SUESCÚN, contra la s de la cual el Tribunal PACE 1 orao Sv. ipe to View casación ASCENCIO de 2006, por medio retó la nulidad parcial y confirmó la proferida por el Juzgado Treinta y Seis Penal del Circuito de la misma ciudad de fecha g de marzo de 2005.

HECHOS Fueron relatados por el a quo de la siguiente manera: Se desprende del diligenciamiento que en la madrugada del ocho (8) de junio de dos mil tres (2003) en el barrio el Dorado Bajo sur de esta ciudad [Bogotá] fue ultimado por siete heridas ocasionadas en el cuerpo de JESÚS DAVID GARZÓN RAMÍREZ con arma blanca, luego de que se quedara en la taberna «Los Costales», donde departió hasta aproximadamente las tres de la madrugada con algunos familiares, lugar en el que el hoy palabras con el occiso por cuanto éste le conquistaba su pareja, pero además para quitarle las zapatillas y el buzo, por tal el 27 de noviembre de esa anualidad fue capturado y puesto a disposición e la autoridad» ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE 1. El 24 de marzo de 2004, la Fiscalía acusó a JUAN CARLOS ASCENCIO SUESCÚN[I], como autor del delito de homicidio agravado por el deceso violento de Jesús David Garzón Ramírez. 2.

Remitido el expediente para adelantar la etapa del juicio, el 2 de agosto de 2004 se llevó a cabo la audiencia preparatoria[2] y el 29 de septiembre, 27 de octubre, 15 de diciembre de esa anualidad y 18 de febrero de 200513], se realizó la vista pública de juzgamiento, al cabo de la cual, en sentencia de g de marzo del año que transcurría[4], el Juzgado Treinta y Seis Penal del Circuito de Bogotá, condenó a JUAN CARLOS ASCENCIO SUESCÚN a la pena principal de trescientos treinta (330) meses de prisión; inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de veinte (20) años, como coautor responsable del delito de homicidio agravado en concurso con hurto agravado; y, le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. 3.

Impugnada esta decisión por el Ministerio Público y el defensor de oficio, el Tribunal Superior de Bogotá, en fallo de 10 de mayo de 2006 dispuso: i) declarar la nulidad parcial de a sentencia[5] en relación a la condena por el delito de hurto agravado, ii) Confirmarlo en lo concerniente al punible de homicidio agravado y en consecuencia, lii) disminur la pena impuesta de trescientos treinta (330) meses a trescientos 2 OF consecuencia, iii) disminuir la pena impuesta de trescientos treinta (330) meses a trescientos veinte (320) meses de prisión. 4. Inconformes con esta determinación el acusado JUAN CARLOS ASCENCIO SUESCUN y el Ministerio Público interpusieron el recurso extraordinario de casación. Presentado y aceptado el desistimiento por el segundo de los recurrentes, fue concedido al primero. . En auto de 21 de junio de 2007, la Sala admitió el libelo propuesto al considerar reunía los requisitos formales y ordenó correr traslado a la Procuraduría Delegada, quien emitió concepto el 21 de abrll último, aspecto que ahora se estudia.

LA DEMANDA: El defensor de JUAN CARLOS ASCENCIO SIJ ESCON formula dos cargos fundados en la violación indirecta de la ley sustancial, el primero, por falso juicio de legalidad, el segundo, por falso raciocinio. primer Cargo: falso juicio de legalidad. Ataca las sentencias de primer y segundo grado por darle valor a una «declaración – confesión» realizada por el acusado a los iembros de la policía judicial (agente Germán Ricardo Camargo Torres) en el momento de su captura, situación que si bien no fue desmentida por el procesado, éste informó en el expediente, tales manifestaciones fueron producto de la presión ejercida cuando «le lanzaron gases en la cara, le colocaron una pistola en la cabeza y le propinaron unas cuantas patadas. , aducción probatoria realizada con desconocimiento de los artículos 280 (requisitos de la confesión) de la Ley 600 de 2000 y 29 (debido proceso) de la Constitución Política, lo cual la hace inexistente jurídicamente. 3 OF nexistente jurídicamente. En punto a la trascendencia dice el actor, los juzgadores otorgaron total credibilidad a esa confesión y con base en ella dictaron las sentencias de primera y segunda instancia, cuando lo correcto sería su exclusion, sustracción con la cual no se habría llegado al grado de certeza exigido para condenar, pues las demás pruebas carecían de la contundencia suficiente para declarar la responsabilidad del enjuiciado. Si se corrige el error, la duda aflora y con ella la necesaria e inexorable declaratoria de un fallo absolutorio.

Segundo Cargo: falso raciocinio ara el demandante, se incurrió en esta clase de error y con el fallo se violaron indirectamente los artículos 70 (presunción de inocencia), 232 (prueba necesaria), 284 (requisitos de la confesión) y 287 (apreciación del indicio) de la Ley 600 de 2000, por aplicación indebida; y 103 (homicidio) y 104 (circunstancias de agravación) del Código Penal (Ley 599 de 2000), lo cual a su turno condujo a la falta de aplicación del principio universal del in dubio pro reo, por las siguientes razones: – La sentencia condenatoria se soporta en la errada valoración de los testimonios de Ricardo Garzón Ramírez, Cristian Andrés

Garzón Ramírez, a partir de éstos el Tribunal infirió la existencia de los indicios de presencia, motivo y oportunidad, aspecto que genera la ausencia de soporte probatorio para acreditar la responsabilidad del acusado, un ejercicio que riñe con las reglas de la lógica, al corresponder todos ellos a indicios mediatos, donde sólo se genera uno inmediato, con el cual se fortalece la razón de sospecha en el acusado, excluyendo a todas las ot 4 OF inmediato, con el cual se fortalece la razón de sospecha en el acusado, excluyendo a todas las otras personas presentes en a escena donde se presentó la desavenencia entre éste y el obitado. A partir de este sólo hecho, dice el censor, se dedujo la responsabilidad de ASCENCIO SUESCÚN, producto de una inferencia que sólo arroja suposiciones, conjeturas y especulaciones. Expresa como máxima de la experiencia distraída por el ad quem, el que quien ha cometido un delito y pretende evitar que lo descubran, tiende a ocultar cualquier vestigio o circunstancias delatoras, comportamientos inadvertidos en el actuar del procesado, pues muy por el contrario, al interior del expediente narró de manera espontánea el encuentro que tuvo en la taberna on el occiso.

De manera diferente, critica el recurrente, el Tribunal infiere de manera equivocada que la presencia en la taberna y la desavenencia entre Jesús David Garzón Ramírez y el acusado por la novla de éste, generó el deceso de aquél a manos de JUAN CARLOS ASCENCIO SUESCÚN, conclusión que rompe la máxima de la experiencia consistente en que todo homicida trata de ocultar el delito, conducta contraria a la ejercida por el procesado, quien en ningún momento ocultó los hechos que podrían comprometerlo y tampoco, huyó de la vecindad. El juez de segundo grado para fundamentar el fallo de condena e otorgó plena credibilidad al testimonio de oídas de Luís Alfredo Garzón Ramírez, quien no estuvo en la escena y su relato se ciñe a lo escuchado de la voz de Juan Carlos N. supuesto testigo presencial de los hechos, en transgresión de los principios de la lógica y la experiencia al carecer de un 0 hechos, en transgresión de los principios de la lógica y la experiencia al carecer de un conocimiento directo, propio y personal, por tanto, se ignora si reproduce fielmente una realidad que no vivenció y de este modo su dicho, no soporta la razón suficiente para generar la certeza requerida para declarar la esponsabilidad del procesado. – El fallo se encuentra fundado en conjeturas y rumores originadas en los hechos acaecidos en la taberna, respecto de los cuales los familiares del occiso y declarantes en esta actuación dedujeron la probable participación de JUAN CARLOS ASCENCIO SUESCÚN en el deceso de Jesús David, como se advierte del testimonio de Lucila Pinilla, testigo de oídas, quien narra el conocimiento posterior al in suceso, por referencia de Luís Alfredo Garzón cuando lo acompañó el mismo día a buscar al presunto homicida. – Se inadvierten por el Tribunal en la decisión atacada, los ostulados lógicos de no contradicción e identidad, cuando tiene en cuenta los relatos de los testigos sobre la afirmación encontrada en cuanto a los diferentes colores de zapatillas que usaba la victima al momento del infortunio, supuestamente compradas el día anterior, las que se dice luego vestía el acusado, no obstante, el ad quem asiente en la conclusión del a quo cuando afirma la inexistencia de contradicciones sobre este tema, adicional al no encontrase demostrado que los zapatos utilizados por el procesado al dra siguiente, fueran los mismos de Jesús David para el momento del homicidio. Estos errores llevaron al sentenciador a establecer la responsabilidad de JUAN CARLOS ASCENCIO SIJESCÚN, los que una vez advertidos y ante la fragi 6 0 establecer la responsabilidad de JUAN CARLOS ASCENCIO SIJESCÚN, los que una vez advertidos y ante la fragilidad probatoria generan la existencia de dudas razonables que se deben declarar mediante la aplicación del principio universal del in dubio pro reo, en cumplimiento de las garantías fundamentales del procesado. Solicita se case la sentencia impugnada y como fallo de reemplazo se absuelva al acusado.

EL NO RECURRENTE La procuradora Delegada que participó de la investigaclón y uzgamiento, radicó escrito de alegación como no impugnante donde coadyuva el contenido de la demanda de casación presentada por el defensor público, bajo los siguientes argumentos: – El Tribunal se equivocó al valorar la prueba indiciaria por el desconocimiento de lo rituado en los artículos 284 y 287 del Código de Procedimiento Penal. A pesar de haberse recaudado varios testimonios de oídas se carece de medios directos sobre la conducta punible investigada, además, los recolectados sufren de inconsistencias que limitan su credibilidad para permitir conformar un juicio razonable con uerza de certeza sobre la autoría del reato. Adicionalmente y a las luces de la sana crítica son parcializados, se denota en ellos un marcado interés en el proceso por el parentesco y las estrechas relaciones con la víctima, con lo cual «impide al juzgador conformar un razonable juicio de verdad». De la prueba recaudada -no especifica cuél- se puede inferir que el occiso al momento de su muerte se encontraba rodeado por seis hombres y una m le solicitaron se quitara los 0 zapatos V ante su negativa y apuñaleado quitara los zapatos y ante su negativa fue golpeado y apuñaleado mortalmente. En la sentencia de segundo nivel se consideró como confesión una versión que legal ni formalmente se puede tener como tal a partir de la cual construyó un indicio para condenar al procesado, cuando para su estructuración se requiere que el hecho indicador como primer factor estructural, esté legalmente probado y la conformación probatoria de éste hecho -indicador- «con una prueba testimonial de tan frágil calidad», sólo conduce a un hecho indicador insuficientemente demostrado.

Derivar a partir de allí como inferencia la responsabilidad del acusado, constituye un error de falso raciocinio «pues la ehemencia, la coherencia y la concordancia que intrínsecamente debe existir en el raciocinio de una prueba estructurada a la manera de un silogismo, y de la operación mental que conforma la inferencia, están seriamente comprometidas por la debilidad de la prueba testimonial que el demandante demuestra con el análisis que efectúa de este medio probatorio con base en la sana crítica». Una prueba de tal incertidumbre, sólo produce dudas en el conocimiento y al no lograr ser superadas a la luz de la sana crítica, obligan a dictar un fallo absolutorio en favor del reo. CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO El señor Procurador Primero Delegada para la Casación Penal, luego de reseñar los hechos, la actuación procesal y analizar cada uno de los reparos planteados contra el fallo, emite concepto en el que solicita a la Corte sean desestimados y no se case el fallo impugnado. De la misma manera r tación inicial apoyado en 8 OF las sentencias de fallo impugnado.

De la misma manera realiza una acotación inicial apoyado en las sentencias de 17 de septiembre de 2008, radicado 21 691 y 23 de febrero de 2009, radicado 29418, consistente en que admitido el libelo casacional, se genera para el recurrente el derecho un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte, con el propósito de analizar las falencias demandadas lo cual ameritan una reflexión jur[dica atenta, por posibles fallas a las garantías fundamentales generadas en la instancias, sin que sea necesario la prosperidad de las pretensiones contenidas en el libelo, pues justamente se trata, es de verificar la «posible vulneración de las garantías fundamentales de los sujetos procesales, tras el estudio de fondo del tema planteado en la demanda. » Respecto de cada uno de las censuras conceptúa: Primer Cargo: Falso juicio de legalidad Para la Delegada le asiste parcialmente razón tanto a la defensa como a la representante del Ministerio Público cuando alegan que el atributo de «confesión» otorgada por las instancias al dicho del acusado en el momento de su captura ante las autoridades de policía judicial debe ser considerada jurídicamente inexistente, por cuanto su proceso de aducción se llevó a cabo con violación de las formalidades legales.

Realiza precisiones sobre los conceptos de prueba ilícita e ilegal, para destacar que a la luz del artículo 29 de la Cata Politica, la regla general de exclusión opera de diversas maneras genera consecuencias procesales distintas, según se trate de prueba ilícita o prueba ilegal y, se apoya de doctrina nacional, extranjera[61 y de jurisprudencia de la Sal prueba ilegal y, se apoya de doctrina nacional, extranjera[6] y de jurisprudencia de la Sala, para acotar, con relación a la ilegalidad del medio de convicción, es «al juez a quien corresponde determinar si el requisito legal omitido es esencial o esto es, si incide de manera real y efectiva sobre el debido proceso, pues la omisión de alguna informalidad insustancial, por si sola no autoriza la exclusión del medio de prueba. Advierte que el ad quem en el capítulo cuarto del fallo denominado «De la Responsabilidad del Procesado JUAN CARLOS ASCENCIO SUESCÚN», el cual transcribe, otorgó valor probatorio de confesión a las manifestaciones realizadas por el acusado al momento de su captura y, en virtud de ello, les confirió plena credibilidad para fundamentar el fallo de condena.

Enfatiza que este es el error denunciado y a su juicio, apreciar como confesión unas afirmaciones por parte del encartado que carecen del cumplimiento de todas «las garantías constitucionales y legales» impide «otorgarle plena credibilidad para fundamentar l juicio de responsabilidad del procesado» Destaca que al confrontar los requisitos previstos en el articulo 280 de la Ley 500 de 2000 con la realidad procesal, se verifica en forma sencilla que ellos no se cumplen, pues le es claro que las expresiones del procesado se efectuaron «al momento de ser capturado por el agente de la Policía Germán Ricardo Camargo Torres», de donde se concluye, fueron realizadas ante quien no reúne las condiciones de funcionario judicial, sin estar asistido por un abogado defensor y no se le informó del derecho a no declarar contra sí mismo, aspecto último de