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Negocios gy krapolg A,2Ka5pR 02, 2010 8 pagcs TESTIMONIOS DE LA REALIDAD CASO PARA ESTUDIO Uno de los procesos en los que me involucré fuertemente, casi asumiendo el papel de funcionario judicial, fue el del Carmen de Chucuri. En la Comisión que yo coordinaba entonces, de Justicia y Paz, me correspondió recibir a numerosos campesinos desplazados de ese municipio santandereano. Todos relataban dramáticamente la triple alternativa a que eran sometidos: «o se vincula al proyecto paramilitar, o abandona la región, o lo matamos».

Comandantes de la base militar se paseaban por l pueblo en compañía de los lideres paramilitares, cobrando juntos los impuestos para financiar el paramilitarismo. De los buses bajaban a los insumisos ara desa arecerlos y asesinarlos y en los mismos carr org a matar para arrojarl Sv. içxto tragaba los muertos_ fatales y millares de grandes esfuerzos de an a quienes iban quebrada que se res de victimas nunciado con ión ante todas las instancias de la justicia: Dirección de Instrucción Criminal, Procuraduría, Consejerías de la Presidencia, y tras la nueva Constitución del 91: Fiscal[a, Defensoría, Vicepresidencia.

La ntensa interlocución con todas estas instituciones; la gravedad extrema de la situación; la acogida que aparentemente se brindaba a nuestras denuncias, todo nos hacía confiar en que la justicia iba a actuar y en que el Estado iba a proteger a to nex: page a la población, a reparar los daños enormes que había causado y a tomar medidas para que ese modelo paramil tar quedara proscrito. Se nos pidió colaborar en la búsqueda de testigos que se atrevieran a declarar y logramos convencer a muchos.

Los funcionarios se desplazaban hasta Bucaramanga para no hacer correr a las víctimas demasiados riesgos, y se llenaron muchos uadernos de pruebas testimoniales que hacían presagiar una acción contundente de la justicia. Con el tiempo, sin embargo, se fueron profundizando en mí serias dudas sobre el mecanismo del testimonio. La gente declaraba y declaraba y pasaban los años sin que se percibiera resultado alguno. pronto comprendmos más bien que los denunciantes pagaban altos precios y los denunciados permanecían incólumes.

Recuerdo a Don Juan de Dios Gómez quien pagó rápidamente sus denuncias con la muerte, y a Don Octavio Sierra, a quien acompañé a rendir su testimonio en Bogotá y a los pocos días uve que deplorar, estremecido, su asesinato. Recuerdo al Padre Bernardo Marín, el Párroco del pueblo, quien denunció con valentía lo que estaba ocurriendo y el 4 de octubre de 1990 escapó milagrosamente a un atentado, en compañía del personero, del más cercano colaborador de la parroquia y del Juez. Al escapar de la muerte fue entonces judicializado mediante montajes infames y aconsejado por su Obispo partió para el exilio donde murió.

Con todo, un proceso penal avanzaba dentro de la «Justicia Regional», en Cúcuta, que parecía prometer algunos resultados, pero al posesionarse el primer Fiscal ero al posesionarse el primer Fiscal General, dentro de la nueva Constitución del 91, avocó a su mismo despacho el proceso; puso en libertad a los dos o tres paramilitares capturados hasta entonces; llamó a rendir versiones libres a todos los militares imputados, con interrogatorios acondicionados para una preclusión que fue inmediata, y luego llamó a un largo interrogatorio al suscrito, quien había puesto el mayor número de denuncias.

Desde la primera pregunta comprendí que todo estaba dirigido a invalidar mis denuncias por no haber sido testigo presencial en ninguno de los crímenes, y pude comprobar que l Fiscal no le importaba en absoluto descubrir la autoría de los crímenes ni la identidad de las victimas sno sólo identificar a quienes habían puesto las denuncias. Yo me negué a dar los nombres de los denunciantes porque tenía vivo en mi mente el recuerdo de quienes ya habían pagado sus denuncias con la muerte y por ello tuve que recibir un trato altanero y ultrajante por parte del Fiscal General.

Cuando una funcionaria judicial se atrevió a intentar la captura de algunos paramilitares, los militares allí presentes protagonizaron una asonada y le arrebataron a los detenidos, no siendo ancionados ellos sino la funcionaria que intentó capturarlos con todas las formalidades legales. Todo mostraba que confiar en la justicia no reportaba ninguna solución sino, por el contrario, altísimos costos para los denunciantes.

Militares, procuradores y periodistas se confabu 31_1f8 altísimos costos para los denunciantes. Militares, procuradores y periodistas se confabularon entonces para estigmatizar ante la opinión publica a quienes estábamos denunciando y contaron para ello con los grandes medos de prestgio, tales como El Tiempo, La Prensa, la cadena radial RCN y otros, los cuales estruyeron gratuitamente nuestra reputación sin reconocernos siquiera el derecho de réplica.

Cuando la Fiscalía, la Procuraduría, los medios y otras instituciones fueron cerrando filas en solidaridad con militares y paramilitares, el Comandante del Ejército me judicializó por «calumnia e injuria contra las fuerzas armadas». Me convertí, entonces, en «reo de la justicia» por atreverme a buscar justicia. Al país entero se le vendió la «verdad» de que yo inventaba fantasías sobre proyectos paramilltares avalados por el Ejército y confeccionaba listados imaginarios de muertos, desaparecidos y desplazados.

Hubo que esperar trece años, para que al inaugurarse la zona de distensión de Santa Fe de Ralito, en julio de 2004, los más altos comandantes del paramilitarismo reconocieran públicamente, en sus discursos, que el proyecto paramilitar de El Carmen de Chucurí había sido avalado por el Estado y que éste tenia que reconocer la paternidad responsable del mismo. El proceso de El Carmen de Chucurí fue denso en lecciones desmoralizantes.

A mi me quedó para siempre un profundo cuestionamiento sobre la validez del testimonio en nuestro régimen judicial. Todo nos fue mostrando que los testimonios no roduc[an efecto alguno de justicia, per produc(an efecto alguno de justicia, pero el fondo del problema quedó al descubierto un día en que un grupo de cerca de 10 campesinos de la zona cercana al Carmen se vino hasta Bogotá, acompañados por el mismo Inspector de Policía, a denunciar la detención, torturas y asesinato cruel de un poblador, por el consorcio militar – paramilitar.

Traían, incluso, la cuerda ensangrentada con que lo habían amarrado y arrastrado hasta un río. El asistente directo del Fiscal General dedicó dos dras a recibir los testimonios y al final nos reunió a todos y nos dijo: us testimonios son muy impresionantes pero, por favor, no se hagan ilusiones; mañana los militares traerán un numero igual de testigos para afirmar que todo lo que ustedes dlcen es falso, y los testimonios de ustedes quedarán invalidados.

Allí encontré la clave que he venido comprobando en lo sucesivo: el testimonio es algo manipulable y por ello la gran mayoría de los procesos buscan hoy día apoyarse en sólo testimonios. En el momento de la evaluación, que en nuestro régimen otorga el más impresionante margen de arbitrariedad al fallador, permite plegarse a las preferencias o intereses del fiscal, del juez o del agistrado. Pero el testimonio es un «medio probatorio».

Las decisiones se toman de frente a fines, que son las opciones políticas de lo jueces. Nunca olvidaré la llamada de atención del Fiscal General, un día en que, al margen de diligencias procesales, tocamos el tema de El Carmen de Chucur[ en su desp al margen de diligencias procesales, tocamos el tema de El Carmen de Chucurí en su despacho: «hay que tener claro de qué lado se está», me dijo.

No me quedó duda de que él estaba del lado de los militares y de su proyecto paramilitar, y los mecanismos de la justicia, fundamentalmente los testimonios, orque ningún otro medio probatorio fue recurrido, eran simples medios manipulables al servicio de esa opción tomada de antemano: «el lado del cual él está» Mientras me ocupaba en la búsqueda de justicia para las victimas de El Carmen de Chucuri y en los esfuerzos por detener tan horrendo baño de sangre, el abogado Eduardo Umaña Mendoza me compartió algunos documentos que revelaban muy claramente el funcionamiento de algunos organismos del Estado.

Entre las fotocopias que el Dr. Umaña Mendoza me suministró, se encontraban las declaraciones rendidas en la Procuraduría or el Suboficial de Inteligencia Militar Bernardo Alfonso Garzón Garzón, en las cuales ponía al desnudo la preparación de muchos crímenes que fueron noticia nacional y señalaba a sus autores, todos agentes del Estado. Dicho suboficial había trabajado durante 20 años en el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charo,’ Solano y él mismo había participado en la planeación de numerosos crímenes.

Sus declaraciones esclarecieron casos de desaparición forzada, como la del universitario José Cuesta; de las militantes políticas Amparo Tordecilla y Nydia Erika Bautista; de la ilitante del M-19 Irma Franco, sacada del Palacio de Justicia el 7 de noviembre de 1985; del activi de noviembre de 1985; del activista cristiano Antonio Hernández Niño, entre otros. Lo que mayor credibilidad daba a su testimonio fue su aporte declsivo para encontrar los restos mortales de Nydia Erika Bautista, en el poblado de Guayabetal (Meta), en cuya recuperación se empeñó, con éxito, el Dr. Umaña Mendoza.

Una de las afirmaciones más impresionantes del Suboficial Garzón hacen perder toda fe en la labor de los organismos de inteligencia del Estado: «Como trabajé en esa unidad sé que se uede fabricar toda clase de pruebas, ardides o lo que se quiera en contra de una persona, a fin de hacer aparecer lo que ellos quieran». Las declaraciones rendidas por el Suboficial Garzón en la procuraduría los días 22 y 23 de enero de 1991, acompañadas de 8 páginas escritas a mano por él mismo, revelan la inutilidad del aparato de justicia colombiano, toda vez que esa cantidad de crímenes permaneció y permanece en absoluta impunidad. Cuando el Dr.

Umaña me suministró esas fotocopias donde se esclarecía el caso de una desaparecida del Palacio de Justicia, yo a había tenido otra experiencia al respecto, pues el 2 de agosto de 1989 yo le había entregado a la Viceprocuradora General de la Nación un documento de 18 páginas del cual me había hecho depositario otro agente de Inteligencia del Estado, Ricardo Gámez Mazuera, en el cual hacía revelaciones escalofriantes sobre los hechos del Palacio de Justicia, particularmente sobre las personas desaparecidas en dicho operativo, entre Palacio de Justicia, particularmente sobre las personas desaparecidas en dicho operativo, entre otros muchos crímenes, pero cuando me enviaron la notificación de «archivo» del caso con opia de las diligencias realizadas, ello me confirmó en la triste realidad de que los órganos de control del Estado colombiano investigan a los denunciantes y no a los denunciados, para llegar, rutinariamente, a consagrar la impunidad de los crímenes. Posteriormente el Dr. Umaña Mendoza me comentó que algunas declaraciones del Suboficial Garzón Garzón hablan sido robadas de los expedientes de la Procuraduría. Tomado de la carta del padre Javier Giraldo Moreno, S. J. dirigida a Sra. Piedad Angélica Acero, Funclonaria policia judlcial en marzo de 2009.

TRABAJO A REALIZAR A la luz de los conceptos de ética vistos en clase: . Haga un análisis crítico de la situación presentada en el caso. 2. Mencione los elementos éticos, morales y de valores que encuentra y su relación entre ellos. 3. Explique las relaciones que encuentra en el caso con la antropología, el derecho, la ley, la sociología y la psicología. 4. Analice el caso a la luz de los siguientes principios fundamentales: * Principio de solidaridad * Principio de equidad * Principio de abstenerse de elegir dañar a un ser humano * pnnclpio de eficiencia * Principio de la responsabilidad del papel que hay que desempeñar * Principio de aceptación de efectos colaterales 81_1f8