Justicia restaurativa

La Constitución costarricense al ual ue la española, dice que wap iew next pase las penas de prisión OFII del delincuente. Está ro la entrada en prisión destino. Las cárceles auténticas universida la rehabilitación estado de cosas, arlas» agravarla su e otros muchos, son La Justicia Restaurativa cumple el fin establecido en la Carta Magna desde el enfoque de la prevención. Este programa comenzó a caminar en 2012, liderado por la magistrada de la Corte Suprema costarricense, Doris Arias. El Poder Judicial de Costa Rica, a diferencia del español, es independiente.

Administra su propio presupuesto y su propia rganización, tanto de funcionarios como de inmuebles. Además, dentro del Poder Judicial «tico» están integrados la Fiscal[a General del Estado, la Defensoría Pública y la Policía Judicial. Sus máximos responsables son los 22 magistrados de la Corte Suprema, actualm Swipe to kdevv next page actualmente presidida por Zarela Villanueva. «Era el momento de apostar por una solución probada y contrastada en el mundo entero, por la Justicia Restaurativa. Teníamos al aval de Naciones Unidas, que lo estaba impulsando.

No nos equivocamos. Los resultados han demostrado que la Justicia Restaurativa es un buen complemento a la justicia radicional. Más rápida, más barata y deja satisfechos a todos», explica la magistrada Arias. A diferencia de la justicia tradicional, la justicia restaurativa reserva un papel fundamental a la víctima. No hay sala de vistas ni nada que se le parezca sino un círculo de sillas, un círculo de paz, en las que se sientan el juez-facilitador, el imputado, su abogado, el fiscal, la víctima, un representante de la sociedad y un psicólogo o trabajador social.

Según Ekaterina Barquero, psicóloga del programa de Justicia Restaurativa, este tipo de justicia «brinda a la victima y a la ersona ofensora la posibilidad de expresar los sentimientos y los daños causados por el delito cara a cara. A partir de ese diálogo, la persona imputada debe asumir su responsabilidad en la reparación del daño a la victima y a la comunidad. Esta es una condición no negociable». Su eficacia está materialmente comprobada: el 95 por ciento de éxito en los más de 300 casos abordados durante este tiempo en San José, y desde no hace mucho en Pavas y Heredia.

El coste entre un tipo de justicia y la otra, además, es esclarecedor: Un caso por la jurisdicción penal ordinaria tarda en esolverse, en Costa Rica, una media de 2 años y tiene un costo de 6. 665. 157 colones (9. 803 euros); ese mismo caso tarda en solucionarse a través de la jus 6. 665. 157 colones (9. 803 euros); ese mismo caso tarda en solucionarse a través de la justicia restaurativa una media de dos meses y el costo es de 339. 998 colones (500 E); un 95 por ciento más barata. «La Justicia Restaurativa», cuenta la magistrada Arias, «no viene a sustituir a la justicia tradicional.

Al contrario, es un complemento, una alternativa. Una alternativa muy eficaz». El éxito de la Justicia Restaurativa ha empujado a la magistrada Arias a abrir nuevos campos en el tratamiento de drogas bajo supervisión judicial, en lo que Costa Rica también es pionera. Este programa brinda una atención especializada e integral a las personas imputadas que presentan una problemática de consumo de sustancias psicoactivas y que, como consecuencia de dicha problemática, cometen delitos. Y se hace con la misma metodología que la Justicia Restaurativa, con el llamado círculo de paz.

Se aplica, igualmente, a aquellos delincuentes «primarios» y sin antecedentes penales y se les ayuda a salir de la droga mediante tratamientos. usticia Restaurativa en Materia Penal La víctima y la persona ofensora, quien por primera vez ha cometido delito, participan en una «reunión restaurativa» en la que dialogan acerca de los sentimientos y daños causados por el delito. A partir de ese diálogo, la persona ofensora es consciente de la responsabilidad en el hecho y decide voluntariamente reparar el daño causado a la víctima.

Participan además, representantes de la comunidad que también han sido afectados por el delito. En la Reunión Restaurativa las personas participantes se sientan formando un círculo. Una persona facilitadora conduce la reunión y se cuent articipantes se sientan formando un círculo. Una persona facilitadora conduce la reunión y se cuenta con la participación de representantes del Ministerio Público, la Defensa Pública, la Judicatura y profesionales en Trabajo Social y Psicolog[a del Programa de Justicia Restaurativa.

Este equipo interdisciplinario de profesionales trata el conflicto desde los aspectos legales y psicosociales involucrados. La Red Interinstitucional de Apoyo, integrada por organizaciones públicas y privadas, ofrece programas de rehabilitación a las personas ofensoras o sus instalaciones para que ellas puedan ealizar trabajo voluntario y de esa forma cumplir con los acuerdos de la reunión restaurativa.

Resolver los conflictos mediante Justicia Restaurativa es más efectivo y más rápido, más humano; se reparan los daños causados por el delito y se disminuyen los índices de reincidencia, de Re victimización y los costos económicos de la justicia. La Justicia Restaurativa se fundamenta en el acuerdo del Consejo Superior tomado en la sesión NO 85-11 del 6 de octubre de 2011, art. XXIX y las circulares 06-ADM-201 2, 08-ADM-2012 y 012- ASDM-2012. Además, mediante acuerdo de Corte Plena tomado n la sesión NO 38-12 del 5 noviembre 201 2, Art.

XV, se incluyó en el Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2018. Delitos en los que se aplica la Justicia Restaurativa Los delitos estipulados en la circular 06 ADM-2012 son: Conducción temeraria: articulo 261 bis del Código Penal Lesiones culposas: artículo 128 del Código Penal Homicidio culposo: artículo 117 del Código Penal Violación de domicilio: articulo 204 del Código Penal Hurto simple: artículo 208 del Código domicilio: articulo 204 del Código Penal Hurto simple: artículo 208 del Código Penal Hurto agravado: artículo 209 del Código Penal

Hurto atenuado: artículo 210 del Código Penal Hurto de uso: articulo 211 del Código Penal Daños: artículo 228 del Código Penal Daños agravados: artículo 229 del Código Penal Portación ilícita de arma permitida: artículo 88 de la Ley de Armas y Explosivos PROGRAMA DE JUSTICIA RESTAURATIVA EN MATERIA PENAL JUVENIL El Poder Judicial de Costa Rica en cumplimiento de los compromisos internacionales de derechos humanos a favor de la niñez y adolescencia, así como de la Constitución Política y la legislación derivada, impulsa el Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. En ese sentido, la Corte

Plena, en sesión NO 34-10, del 29 de noviembre de 2010, artículo XVII, aprobó la «Politica Judicial dirigida al Mejoramiento del Acceso a la Justicia de las Niñas, Niños y Adolescentes en Costa Rica», suscrita por la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia con el apoyo de UNICEF. En la que se consideró importante que la población menor de edad cuente con los instrumentos adecuados para acceder a los servicios alternativos o complementarios al proceso judicial, dentro de los cuales se encuentra la Justicia Restaurativa. Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la

Delincuencia Juvenil o «Directrices de Riad», adoptadas por la Asamblea General de la ONU, mediante Resolución 45/112, 14 de diciembre de 1990, contemplan en su regla número 10 que: «Deberá prestarse especi as políticas de prevención que: «Deberá prestarse especial atención a las politicas de prevención que favorezcan la socialización e integración eficaces de todos los niños y jóvenes, en particular por conducto de la familia, la comunidad, los grupos de jóvenes que se encuentran en condiciones similares, la escuela, la formación profesional y el medio laboral, así como mediante la acción de organizaciones oluntarias.

Se deberá respetar debidamente el desarrollo personal de los niños y jóvenes y aceptarlos, en pie de igualdad, como copartícipes en los procesos de socialización e integración. » Asimismo, las Reglas de Brasilla sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad, establecen como uno de sus objetivos garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de esas personas, siendo la edad, la privación de libertad, y la victimización condiciones que deben ser atendidas de manera prioritaria por la Administración de Justicia.

En cuanto a la edad, las Reglas de Brasilia establecen en su ección segunda, lo siguiente: «Se considera niño, niña y adolescente a toda persona menor de dieciocho años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad en virtud de la legislación nacional aplicable. Todo niño, niña y adolescente debe ser objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo. Asimismo, las reglas 43 y 44 Impulsan formas alternas de resolución de los conflictos en personas en condición de vulnerabilidad, al señalar: «(43) Se impulsarán las formas alternativas de resolución de onflictos en aquellos supuestos en los que resulte apropiado, t alternativas de resolución de conflictos en aquellos supuestos en los que resulte apropiado, tanto antes del inicio del proceso como durante la tramitación del mismo.

La mediación, la conciliación, el arbitraje y otros medios que no impliquen la resolución del conflicto por un tribunal, pueden contribuir a mejorar las condiciones de acceso a la justicia de determinados grupos de personas en condición de vulnerabilidad, así como a descongestionar el funcionamiento de los servicios formales de justicia.

En todo caso, antes de iniciar la utilización de una forma lternativa en un conflicto concreto, se tomarán en consideración las circunstancias particulares de cada una de las personas afectadas, especialmente si se encuentran en alguna de las condiciones o situaciones de vulnerabilidad contempladas en estas Reglas. Se fomentará la capacitación de los mediadores, árbitros y otras personas que intervengan en la resolución del conflicto. » En consonancia con lo anterior se ha considerado en el Poder Judicial la necesidad de incorporar la Justicia Restaurativa como una forma alternativa de resolver los conflictos dentro del Proceso Penal.

Al aprobarse en noviembre de 2010, la «Política Niñas, Niños y Adolescentes en Costa Rica», un componente del Plan de Acción refiere lo siguiente: JUSTICIA RESTAURATIVA Y RESOLUCION ALTERNA DE CONFLICTOS Propiciar e incluir en las iniciativas y programas de resolución alterna de conflictos y de justicia restaurativa laperspectiva de derechos de la niñez y adolescencia, de forma tal que la prestación de estos servicios tenga como eje el en niñez y adolescencia, de forma tal que la prestación de estos servicios tenga como eje el enfoque de derechos y atención amigable y sensible a los intereses de los niños, niñas y adolescentes.

Desarrollar e Implementar en aquellos procesos en que participen personas menores de edad y que las disposiciones legales así lo permitan, mecanismos o procedimientos de resolución alterna de conflictos, c[rculos de paz y reuniones restaurativas, entre las principales, partiendo de que estos mecanismos favorecen resoluciones donde se da participación directa de las personas menores de edad en condiciones más democráticas, equitativas y acorde a sus intereses. Estos mecanismos deben buscar soluciones integrales a los conflictos que aquejan a estas personas. El Programa de Justicia Restaurativa, que este Despacho impulsa n la población Penal Juvenil proyecta ampliar y difundir aquellas buenas prácticas que se han iniciado dentro de la institución, imprimiéndolas y nutriéndolas de la metodología y las prácticas restaurativas, que se caracterizan por ofrecer soluciones integrales a los conflictos en materia penal. Así, se pretende retomar e impulsar el proyecto «Red de Apoyo Institucional en el Servicio de la Comunidad», ganador del primer lugar, en el concurso de Buenas Prácticas, del año 2009, trabajo realizado por el equipo en materia Penal Juvenil de Cartago conformado por la

Defensa Publica, Departamento de Trabajo Social y la Judicatura, con resultados positivos, que sobresalen dentro del proceso penal tradicional, integrando al Ministerio Público en forma activa. El Programa permitirá introducir los componentes de la Justicia Restaurativa y c forma activa. Restaurativa y consolidar sus técnicas en forma transversal en la solución de conflictos de personas menores de edad.

Desde el punto de vista de la política criminal el trabajo conjunto entre los equipos en materia Penal Juvenil y la Justicia Restaurativa, es necesario dados los aumentos en lo índices de criminalidad Las estadísticas del Departamento de Planificación del Poder Judicial, refieren que la tasa de personas menores de edad acusados de infringir la Ley Penal, del año 2008 al 2010, evidencian que para el año 2010, por cada mil menores entre 12 y 1 7 años, aproximadamente 37 son acusados ante los juzgados penales juveniles por infringir la Ley.

Por otra parte, la tasa de menores condenados por homicidio también se incrementó, según lo señala el Departamento de Planificación: para el año 201 0, se registraron 30 condenas de personas menores de edad por homicidio en los Juzgados Penales Juveniles, ello implica que el indicador registra un valor de 1 64,5, lo que indica que por cada 100 mil personas menores de edad acusadas de infringir la Ley Penal Juvenil, en ese mismo año se estarían condenando por homicidio a aproximadamente 165 personas menores de edad.

Los resultados de las Buenas Prácticas en la provincia de Cartago, reflejan aspectos muy positivos entre ellos: las personas menores de edad se han reinsertado, se observa una disminución en la cantidad de homicidios en la zona, en los dieciocho meses de ejecución de las buenas prácticas no se han presentado delitos de omicidio por parte de personas menores de edad; asimismo se articularon y organizaron presentado delitos de homicidio por parte de personas menores de edad; asimismo se articularon y organizaron las instituciones gubernamentales y no gubernamentales en procura de apoyo para las personas menores de edad en conflicto con la ley penal. A pesar de las bondades de la «Red de Apoyo Institucional en el Servicio de la Comunidad», es necesaria la creación de registros estadísticos, que nos permitan dar seguimiento a los casos resueltos, así como desde la perspectiva de la víctima medir la atisfacción de éstas, verificar la reparación del daño sufrido y su efectiva participación en la solución del conflicto. Asimismo, se necesita incorporar al Ministerio Público como parte activa en el proceso, pues hasta ahora hay iniciativas de la Fiscalía, que no forman parte de la «Red de Apoyo Institucional en el Servicio de la Comunidad».